La mañana del 17 de julio de 2019, Carla* recibió una llamada de la psicóloga del colegio Enrique del Horme 5032, del Callao, donde estudiaban sus hijos de 12 y 13 años. La especialista le adelantó que, tras conversar con el menor de sus niños, había entendido la razón por la que últimamente no quería comer ni hablar.
“¿Sabes qué? Voy a ser muy sincera contigo: Diego abusó de tu hijo y no ha sido una vez, han sido varias veces”, le dijo a Carla en una de las aulas de la escuela de primaria.
Diego Lazo Mazuelos, de 40 años, llegó a esa escuela para laborar como profesor de inglés y educación física, por recomendación de la directora Liz Ríos. Durante las tardes, enseñaba fútbol a niños y adolescentes.
Cuando Carla se dirigía a interponer la denuncia por violación sexual, su otro hijo, le contó que, al igual que su hermano, había sido ultrajado por el mismo docente.
La madre de ambos niños denunció a Diego Lazo en la comisaría de Carmen de La Legua-Reynoso. El médico legista confirmó que los menores sufrieron violación sexual.
Al día siguiente, con copias de estas pruebas, acudió a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) a cargo de la escuela y preguntó si ya habían recibido la acusación. Nadie estaba enterado, a pesar de que el artículo 44 de la Ley de Reforma Magisterial indica que el director del colegio debe separar al denunciado e informar los hechos a la UGEL.
El aviso, además, debe darse inmediatamente y dentro de las 24 horas de haberse conocido la denuncia, de acuerdo con el Protocolo para la Atención de la Violencia contra niñas, niños y adolescentes, aprobado en 2018 por el Ministerio de Educación.
Tres días después, la directora Ríos se comunicó con Carla.
“Lo único que te pido es que no causes problemas al colegio. Te vamos a informar cualquier cosa”, le advirtió.
Nunca la llamó.
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